En el marco de la causa "Mendoza Beatriz" por la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha convocado a audiencia pública para el día 16 de marzo de 2011 para conocer el estado de ejecución de la sentencia que ella misma dictara con fecha 8 de julio del año 2008.
Recordemos la causa Mendoza Beatriz es iniciada por vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo que reclaman los daños y perjuicios que sufren de manera incividual (en sus propiedades y su salud) y por los daños colectivos por la contaminación del ambiente del lugar. Allá por el año 2006 la Corte dividió la causa declarándose incompetente en los reclamos individuales pero tomando la causa por los daños colectivos, a los que dividió en la prevención de los daños a futuro y la indemnización y recomposición de los daños pasados.
Respecto a la primera parte, la prevención, instruyó de modo urgente un proceso que denominó cautelar y autónomo, convocando aduencias públicas, obligando al Gobierno a subsanar su omisión (fuente de la contaminación y del daño al ambiente) con la presentación y ejecución de un Plan. Así fue que la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación a mediados de 2006 presentó el PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental) de la Cuenca Matanza Riachuelo, el que fuera corregido y sometido a duras críticas en diferentes oportunidades del largo trajín de la causa (recordemos el informe de la UBA y las audiencias públicas de mediados del año 2007). Se logró constituir la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) Así fue que la Corte en el año 2008, más precisamente el 8 de julio del año 2008 dictó sentencia definitiva en lo que ella había denominado el proceso cautelar autónomo de prevención y recomposición del ambiente de la cuenca. En esta sentencia obligaba al Gobierno a mutar el Plan en una serie de Contenidos que la Corte entendía no podían faltar (Industrias, basurales, ordenamiento ambiental del territorio, aguas, acceso a la información y participación ciudadana). Dispuso que la ejecución de dicha sentencia era delegada en el Juzgado Federal de Quilmes del Dr. Armella.
Durante todos estos años, en el seno de dicho Juzgado se ha trabajado infructosamente en el logro y la realización de los mandatos de la resolución de la Corte. Se han suscitado muchos conflictos por cuestiones de competencia y demás problemas que se han ido resolviendo incluso en algunos casos por intervención de la propia Corte (ver M. 1569. XL. ORIGINARIO “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) - I00 (incidente sobre informes Juzgado Federal de Quilmes o El caso Municipalidad de Berazategui c/ Aguas Argentinas SA.(RHE) S.C. M.2695, L.XXXIX. o “Liguoro Y Zvik c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Amparo”).
Hoy la Corte pretende que en una audiencia pública las partes informen (la audiencia pública tiene ese carácter en este caso) sobre el estado de ejecución de la sentencia. Para ello se convoca a las partes actora (vecinos) las demandadas (Gobiernos) al Juzgado Federal de Quilmes y al Defensor del Pueblo y ONGs se se han presentado en la causa como Terceros.
Otro punto interesante es que la Corte decidió dictar un reglamento propio, particular para esta audiencia saliéndose del reglamento general de audiencias públicas que ella misma había dictado, aplicable a las audiencias públicas ante el Alto Tribunal (nos referimos a la acordada 30 del 2007).
Todos estos pasos nos parecen auspiciosos. Redundan en una mayor información pública , cuestiones que por ser derechos de incidencia colectiva de los temas en debate en la causa, que competente a la ciudadanía toda, obligan a actuar de esta manera. Es por este motivo que la decisión de la Corte nos parece súmamente alentadora, de vanguardia, digna de una Corte para el Desarrollo sostenible.
Recordemos la causa Mendoza Beatriz es iniciada por vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo que reclaman los daños y perjuicios que sufren de manera incividual (en sus propiedades y su salud) y por los daños colectivos por la contaminación del ambiente del lugar. Allá por el año 2006 la Corte dividió la causa declarándose incompetente en los reclamos individuales pero tomando la causa por los daños colectivos, a los que dividió en la prevención de los daños a futuro y la indemnización y recomposición de los daños pasados.
Respecto a la primera parte, la prevención, instruyó de modo urgente un proceso que denominó cautelar y autónomo, convocando aduencias públicas, obligando al Gobierno a subsanar su omisión (fuente de la contaminación y del daño al ambiente) con la presentación y ejecución de un Plan. Así fue que la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación a mediados de 2006 presentó el PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental) de la Cuenca Matanza Riachuelo, el que fuera corregido y sometido a duras críticas en diferentes oportunidades del largo trajín de la causa (recordemos el informe de la UBA y las audiencias públicas de mediados del año 2007). Se logró constituir la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) Así fue que la Corte en el año 2008, más precisamente el 8 de julio del año 2008 dictó sentencia definitiva en lo que ella había denominado el proceso cautelar autónomo de prevención y recomposición del ambiente de la cuenca. En esta sentencia obligaba al Gobierno a mutar el Plan en una serie de Contenidos que la Corte entendía no podían faltar (Industrias, basurales, ordenamiento ambiental del territorio, aguas, acceso a la información y participación ciudadana). Dispuso que la ejecución de dicha sentencia era delegada en el Juzgado Federal de Quilmes del Dr. Armella.
Durante todos estos años, en el seno de dicho Juzgado se ha trabajado infructosamente en el logro y la realización de los mandatos de la resolución de la Corte. Se han suscitado muchos conflictos por cuestiones de competencia y demás problemas que se han ido resolviendo incluso en algunos casos por intervención de la propia Corte (ver M. 1569. XL. ORIGINARIO “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) - I00 (incidente sobre informes Juzgado Federal de Quilmes o El caso Municipalidad de Berazategui c/ Aguas Argentinas SA.(RHE) S.C. M.2695, L.XXXIX. o “Liguoro Y Zvik c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Amparo”).
Hoy la Corte pretende que en una audiencia pública las partes informen (la audiencia pública tiene ese carácter en este caso) sobre el estado de ejecución de la sentencia. Para ello se convoca a las partes actora (vecinos) las demandadas (Gobiernos) al Juzgado Federal de Quilmes y al Defensor del Pueblo y ONGs se se han presentado en la causa como Terceros.
Otro punto interesante es que la Corte decidió dictar un reglamento propio, particular para esta audiencia saliéndose del reglamento general de audiencias públicas que ella misma había dictado, aplicable a las audiencias públicas ante el Alto Tribunal (nos referimos a la acordada 30 del 2007).
Todos estos pasos nos parecen auspiciosos. Redundan en una mayor información pública , cuestiones que por ser derechos de incidencia colectiva de los temas en debate en la causa, que competente a la ciudadanía toda, obligan a actuar de esta manera. Es por este motivo que la decisión de la Corte nos parece súmamente alentadora, de vanguardia, digna de una Corte para el Desarrollo sostenible.
PARA VER LOS DESPACHOS COMPLETOS DE LA CAUSA, CONSULTAR http://www.jose-esain.com.ar/
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